Populismo: un fenómeno que hay que tomar en serio

En una nota publicada en La Nación, Pierre Rosanvallon, historiador y sociólogo francés, nos habla de la esencia del populismo como alternativa a la democracia liberal y como producto de las fallas de esta última. Según el académico, el populismo expresa una simplificación de la democracia que pueda resultar muy peligrosa ¿Qué aspectos son los que simplifica?
En primer lugar se enfoca en la noción de «pueblo» y la visión tradicional de éste como un sujeto que precisa ser construido a través de la definición de reglas, la búsqueda de una identidad y la elaboración de proyectos comunes. El populismo, en cambio, suele hablar de un sujeto dado de antemano, con una identidad e intereses propios expresados por el líder y encarnados en su persona. En segundo lugar, simplifica la soberanía popular, estableciendo que son las elecciones en donde reside únicamente la voluntad popular. Como las elecciones son absolutas, el resto de cuerpos institucionales intermedios y autoridades independientes suelen verse como un estorbo a la soberanía del pueblo.
Lo sustantivo de la democracia entonces son las elecciones y la autoridad irrestricta del líder populista. Se puede apreciar el atractivo de esta visión, ya que resume la representación popular en una sola y deja de lado la complejidad del sistema político y la incertidumbre que genera esa misma complejidad. A su vez, es sencillo percibir el peligro que supone esta expresión política, los incentivos de los líderes a perpetuarse en el poder son grandes y sin límite lo que pavimenta el camino hacia una «dictadura de los elegidos».
Ahora bien, ¿podemos rechazar al populismo y conformarnos con nuestra democracia actual? Rosanvallon responde que no, no basta con dar periódicamente la palabra a los ciudadanos y gobernar sin responder a las demandas de las personas. El representante no es solo un delegado, para que uno se sienta representado debe ser tenido en cuenta, ser reconocida su realidad en el debate público. Por ello piensa en una concepción más deliberativa de la democracia, en la que ciudadano es aquél que delibera y participa en el debate público y como miembro activo de la sociedad civil. Considera necesario crear procedimientos para una participación permanente de la ciudadanía, donde representantes y representados puedan interactuar en espacios de diálogo y deliberación, así poder construir un camino común. El debate público debería ser, a fin de cuentas, la instancia de representación por excelencia.

La tiranía de la opinión en el discurso público

Alexis de Tocqueville fue un pensador político francés, de los principales ideólogos del liberalismo. Lo que busco destacar de su obra en esta publicación es el concepto de tiranía de la mayoría y como se relaciona con el debate público hoy en día.

En una sociedad cualquiera siempre se forma una mayoría, una forma de pensamiento o ideología que se destaca del resto por la cantidad de individuos que comparten opiniones similares (sea está cantidad numérica o relacionada al poder detrás de esos individuos). Como bien dijo Tocqueville, siempre hay un poder social superior a los demás, el problema surge cuando dicho poder no encuentra obstáculos que puedan retener su marcha y darle tiempo para moderarse a si mismo. En esta situación la libertad está en peligro. Actualmente, el debate público está dominado por el pensamiento multiculturalista, proyecto académico que busca revindicar las identidades de los diversos grupos sociales y étnicos en un territorio determinado y contraponerlo con la visión unitaria de la identidad nacional. Quizás ciertas nociones como lo «políticamente correcto», el «privilegio blanco» y la denostación de los pensamientos de la ilustración como eurocéntricos y opresivos sean familiares para muchos.

Muchos académicos de diversas corrientes criticaron este movimiento solo para encontrarse con una virulenta oposición que los marginaba y ridiculizaba. En defensa de la libertad, me gustaría rescatar las opiniones minoritarias que no se conforman a los dictados de la mayoría y que no le temen al ostracismo social. No es que las comparta sino que las considero necesarias para enriquecer el debate público. Si las opiniones dominantes no se ponen a prueba entonces se convierten en dogmas que no debemos cuestionar. Mi pregunta es: ¿acaso la mayoría es infalible? ¿Es que siempre obra de manera correcta y se modera a sí misma? No lo creo. Alabar la diversidad cultural y revindicar las identidades étnicas concretas pero no tolerar la diversidad de opiniones me parece hipócrita y ciertamente una forma de tiranía.

Sobre política y razón

Quisiera abordar en el presente artículo una cuestión un tanto polémica, que refiere a la relación existente entre razón y política. Generalmente prevalece la opinión común que nos indica que en verdad los acontecimientos políticos poco o nada tienen que ver con la razón. En verdad esto constituye algo parcialmente cierto, aunque quisiera introducir algunos matices para buscar echar algo de luz acerca del asunto.

En primer lugar, la parte cierta del argumento es que los sucesos políticos concretos se encuentran frecuentemente impulsados por sentimientos, desde el amor hasta el odio, pasando por el placer y el dolor. Un ejemplo de ello puede observarse de modo patente en la llamada militancia, que frecuentemente ignora fehacientes evidencias acerca de inmoralidades perpetradas por aquel servidor público por el que se milita ciegamente.
Por otra parte, los comportamientos del electorado asimismo suelen denotar una tendencia irracional similar a la expuesta. En fin, lo que quiero dejar en claro, en breves términos, es que ocasionalmente resulta un tanto complejo servirse de un método racional para analizar ciertos fenómenos políticos que a todas luces escapan a la razón humana.

Ahora bien, a partir de aquí presento mi objeción. La política puede ser comprendida en términos racionales siempre que la subordinemos (siquiera parcialmente) a alguna otra disciplina. Particularmente relevante para los estudios políticos vendría a ser la ética. Entonces, a partir de ello podemos obtener concusiones éticas que derivan en una particular concepción acerca del fenómeno político.

La aplicación de principios éticos a la política (cuando no su subordinación explícita) pueden encontrarse en pensadores de todo tiempo y lugar. Entre ellos encontramos ejemplos tales como Aristóteles, Santo Tomás de Aquino y, a partir de la Edad Moderna, a gran parte del pensamiento político ilustrado que, aunque en parte rechazara cierta intromisión de ideas religiosas en política, no dejaba de tener una visión ética racionalista, universalista, igualitaria y liberal que sustentaba su particular concepción acerca de los acontecimientos políticos.

En fin, lo cierto parece ser que si bien los fenómenos políticos concretos suelen ser sumamente complejos como para ser abordados racionalmente, ello no quita que existan principios éticos, deducidos a través de la razón, que inspiran a los hombres y los orientan a vincular a la política con el bien. Mientras que Tomás Moro afirmó que “el hombre no se puede separar de Dios, ni la política de la moral”, Rousseau aseveró que “cuantos quisieran tratar separadamente la política y la moral jamás comprenderán ninguna de las dos”.

Plan 0: La escasez de una teoría económica

En Libertad Política no pretendemos escribir de economía, sino más bien, explicar temas de pensadores de la filosofía política con una dosis de realidad. No obstante, la realidad no puede ser pasada por alto. Y en este momento, la realidad gira en torno al gran fracaso de nuestro país: la economía.

El gobierno actual (como el anterior, y el anterior, y etc.) ha sido muy inoperante en la cuestión económica. Día tras día se cierra un negocio, sea cual sea su rubro ¿Acaso son marxistas y desean expropiar? ¿Es por culpa del anterior gobierno “neoliberal”? ¿Es el fracaso del Estado keynesiano? Desde una óptica teórica, no es nada de lo anterior.

La escasez de formación de nuestra clase dirigente es la responsable. Ni siquiera hay una buena lectura de alguna de las corrientes económicas. Ya sea de izquierda o de derecha, desde Smith, Ricardo, Keynes o Marx, no hay un interés en aplicar alguna de ellas.

Smith decía que “No puede haber una sociedad floreciente y feliz cuando la mayor parte de sus miembros son pobres y desdichados”. El escocés criticaría al gobierno porque la mitad de la sociedad es pobre.

Marx decía que “El comunismo no priva a nadie del poder de apropiarse productos sociales; lo único que no admite es el poder de usurpar por medio de esta apropiación el trabajo ajeno”. Marx reprendería al actual gobierno por el cierre de los negocios.

Keynes decía que “no hay medio más sutil o más seguro de trastocar la base existente de la sociedad que el de corromper el dinero”. Estaría enfadado por los niveles de inflación.

Al final del día, nuestros dirigentes son una amalgama de improvisación, mala suerte, ignorancia, torpeza y maldad. La escasez de una teoría económica es el dolor y nuestros políticos la enfermedad.

Derrumbad el pasado

En las últimas semanas el mundo ha sido testigo de la vandalización y destrucción de estatuas de ciertos personajes históricos. Estas demostraciones han tenido lugar en plazas públicas de ciudades como Boston, Miami, Londres, Bristol, Amberes, Bruselas entre otras.
El motivo reside en que dichas estatuas representan figuras históricas que en su vida fueron esclavistas o racistas, por lo que se supone que es lícito que sean removidas. ¿Pero tiene lógica este planteo?
Es cierto que muchas de estas estatuas derrumbadas o vandalizadas fueron en su vida racistas o esclavistas, pero juzgar a estos personajes históricos con ojos de ciudadanos de hoy, en pleno siglo XXI, no es más que una anacronía. Siguiendo este planteo, hoy día los enemigos son las estatuas ¿Pero podemos estar seguros de que mañana no serán obras de arte, monumentos, cuadros o libros?
Tal y como aseguró el Primer Ministro inglés, Boris Johnson, ante la vandalización de varias estatuas en la ciudad de Londres — entre las que se encuentra la de Sir Winston Churchill, quien fue el líder de la lucha contra el totalitarismo nazi-fascista en Europa — “No podemos ahora intentar editar o censurar nuestro pasado […] esas estatuas nos enseñan sobre nuestro pasado, con todas sus fallas. Derribarlos sería mentir sobre nuestra historia y empobrecer la educación de las generaciones venideras”.
Muchos regímenes a lo largo de la historia han tratado de censurar y ocultar el pasado a su propio pueblo, lo que deberíamos hacer con la historia es aprender de ella para no repetir los mismos errores en el futuro, y no suprimirla. Parafraseando a uno de los más grandes periodistas e historiadores que tuvo Italia, Indro Montanelli, “La sociedad moderna es algo que no tiene antepasados ni posteridad, porque no tiene memoria”.

Vicentín y los derechos de propiedad

Recientemente el gobierno del presidente Alberto Fernández ha anunciado la decisión de expropiar e intervenir la empresa agrícola Vicentín. La decisión en cuestión constituye un acto sumamente desafortunado, puesto que deriva en alarmantes consecuencias desde numerosos ángulos, que quisiera desarrollar brevemente a lo largo de las presentes líneas.

En primer lugar, desde la perspectiva económica, la expropiación e intervención trae consigo un aumento en las ya deficitarias cuentas públicas, puesto que en esencia implica una estatización de la deuda privada de la que los argentinos deberán hacerse cargo. Por otra parte, la decisión provocó que las acciones argentinas cayeran considerablemente.

En segundo lugar, desde la perspectiva jurídica, provoca tensiones innecesarias en el proceso de negociación de deuda argentina con el Fondo Monetario Internacional, dado que otorga escasa seguridad jurídica y, por tanto, afecta la credibilidad del gobierno nacional. La medida ha sido duramente cuestionada por innumerables abogados a lo largo y ancho del país.

En tercer lugar, sin embargo, quisiera centrarme las consecuencias específicamente políticas que derivan de la decisión del gobierno nacional. Es sabido que la medida adoptada no constituye un acto aislado, sino que se enmarca en el contexto de una administración que pretende a todas luces concentrar poder en el aparato estatal. La diputada nacional Fernanda Vallejos había declarado previamente que “si el Estado decide subsidiar a grandes grupos, sería razonable que lo haga a cambio de una participación en el capital de las compañías”.

La decisión del presidente Fernández, por tanto, va en línea con lo expresado previamente por Vallejos. Semejante acto abre las puertas a la arbitrariedad, que tal como enseñara Benjamin Constant es difícil poner freno una vez que aparece, puesto que la ambición del poder político es voraz y, por tanto, siempre pretenderá avanzar cada vez más.

Sin embargo, la luz al final del túnel viene dada por las sólidas críticas provenientes no solo de la oposición al actual gobierno sino de actores cercanos idelógicamente al oficialismo. En efecto, tanto Jorge Asís, como Roberto Lavagna, e incluso el propio Guillermo Moreno, han sido críticos de la decisión del presidente. Asimismo, no deben tampoco ignorarse las masivas manifestaciones en la provincia de Santa Fe.

Constituye une buena noticia el hecho de que la medida adoptada por el oficialismo haya sido cuestionada por propios y extraños. Esperemos que el gobierno nacional sea capaz de comprender los reclamos y que marche atrás con la medida y, en general, comprenda la trascendencia del respecto a la propiedad privada. Esta es parte de un espacio privado en el que el poder político, a fin de cuentas, debería intentar entrometerse lo menor posible.

Los limites al poder en tiempos extraordinarios

Los federalistas, artifices de la primera república moderna que conoció este mundo, temían la opresión que podían sufrir las minorías por instituciones gubernamentales acaparadas por una mayoría facciosa. Encontraron dos maneras por medio de las cuales se podía evitar este mal y respetar los derechos de las minorías: la primera versa sobre el seguimiento de los lineamientos de la Constitución, norma fundamental que establece los derechos a resguardar; la segunda manera propone un sistema de frenos y contrapesos, el cual divide a la autoridad en esferas de poder interdependientes con intereses contrapuestos (poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial). Al tener motivaciones diversas, por cómo se constituye cada rama y por sus funciones (ejecutar, legislar y controlar), cada parte va a buscar mantener su autonomía de las demás impidiendo que el poder se concentre y se ponga en riesgo la libertad de las minorías.
Actualmente en Argentina, nos encontramos en una situación en la que dichos limites no se observan. El poder ejecutivo, a raíz de la emergencia mundial causada por el Covid-19, impuso una cuarentena en todo el país para evitar la propagación del virus. Lo que se cuestiona no es la implementación de esta medida sino la forma en la que se llevó a cabo, por medio de un decreto totalmente inconstitucional. Estamos viviendo en un estado de sitio de facto que obstaculiza nuestras libertades básicas y su ejercicio libre. Lo correcto hubiese sido que el Congreso declare el estado de sitio (instrumento ideado para emergencias) y así estipular su duración y las garantías suspendidas oara evitar cualquier abuso de poder. Pero lo más preocupante es que la Constitución establece ciertos derechos inalterables que no pueden ser suspendidos y lo fueron, tales como el derecho a trabajar y ejercer una industria lícita, el derecho a asociarse con fines útiles, a transitar por el país, a usar y disponer de su propiedad, entre otros.
En cuanto al sistema de frenos y contrapesos, podemos ver como el poder ejecutivo está abarcando funciones que no le competen y como los otros poderes que deberían controlarlo brillan por su ausencia. Hace más de dos meses que el presidente gobierna por medio de decretos que no son debidamente controlados por el poder legislativo, cuando se les ocurre a los diputados y senadores reunirse a sesionar. Y el poder judicial, principal salvaguarda de los derechos individuales, se encuentra de feria judicial desde que comenzó la cuarentena por lo que no hay efectivo control a las acciones que realiza el poder ejecutivo y su gabinete. Este cheque en blanco otorgado por los poderes legislativo y judicial al presidente no solo representan un grave peligro para las libertades civiles sino que además puede volverse contraproducente el mismo presidente. La responsabilidad de las decisiones recae completamente en el poder ejecutivo por lo cual los desaciertos se pagan caro.
Así como un paciente de gravedad que ingresa a la guardia de un hospital, seguir los procedimientos establecidos de antemano resulta imperativo si se desea evitar errores fatales. La crisis no es una excusa, la vulnerabilidad de nuestro país deja un margen muy acotado de acción. Las situaciones de emergencia no precisan de respuestas rápidas e improvisadas por parte de un solo poder, por el contrario, se requiere del seguimiento de reglas pre-establecidas y del involucramiento de todas las esferas del gobierno para que cumplan las funciones que les fueron asignadas. Esta es la única manera de proteger en todo momento los derechos civiles de los ciudadanos de la República Argentina.

Progreso político y revolución

Hace poco me sorprendieron las palabras de un senador uruguayo que afirmó que “se podría establecer por ley que la pobreza no va a aumentar porque el Estado se va a comprometer a que eso no suceda”. Esa sentencia refleja de forma clara aquel espíritu que siempre vemos defender por parte de los mismos sectores: “Queremos que el aborto sea legal para que no mueran más mujeres en abortos clandestinos”, “Queremos que el matrimonio homosexual sea legal para poder tener los mismos derechos que las familias heterosexuales” “Queremos poder cambiarnos el sexo del DNI para que las mujeres trans seamos iguales al resto de las mujeres” dicen otros del palo…

Siempre que escucho a los referentes de estos mismos sectores, los veo referir a una visión de la política amante del cambio o “batalla cultural” que siempre se aparece como el último eslabón para lograr el paraíso en la tierra, como si se tratara casi de una solución mágica.

Ahora bien, ¿el progreso implica necesariamente cambio y revolución? ¿La razón progresista esta sustancialmente unida con la alteración de las leyes?

Semejante problema surge en el encuentro inmediato del hombre con la experiencia política. La podemos llamar la “aporía empírica” de la estabilidad o él cambio.
La vida política, necesita estabilidad, ya que se nutre de esta para tener garantías de previsibilidad en los resultados de cada interacción, que se logra mediante la continuidad institucional. Este requisito necesario para todo sistema político se sucede gracias a la inmutabilidad y cumplimiento de sus leyes, una vez que estas arraigan en las costumbres de los hombres. De ahí que todo cambio o revolución en sí mismo tengamos que considerarlo malo, por ser destructor del tejido social necesario para la vida social.

A pesar de esta verdad, es claro también que lo natural a la inteligencia humana es avanzar gradualmente. En los asuntos de la realidad política, muchos que en tiempos anteriores se esforzaron por descubrir algo útil, no pudieron abarcar por si mismo todas las cosas y dieron vida a instituciones imperfectas en muchos puntos. Por ello fue necesario que los legisladores de generaciones futuras cambien las leyes debido a modificaciones de las circunstancias sociales.

Frente a semejante aporía generada, Platón, en “Las Leyes”, propuso una estabilidad del orden político, garantizada por la obediencia (basada en la educación en la virtud) de la mayoría a leyes inmutables. Sin embargo, el ateniense reconocía que ninguna ley podía ser tan rígida como para obstaculizar la decisión de un hombre realmente sabio en su lugar. Por tanto, el sistema debería dejar espacio a un progreso infinito de mejoramiento del sistema, para evitar la decadencia de las leyes que lo estabilizan, siempre que estas se modifiquen con la mayor cautela y solo en el caso de una necesidad universalmente admitida, sin modificar el espíritu que le da autoridad a las mismas.

Por todo ello, parece acotada la propuesta constante de cambios legislativos en la comunidad política como trucos de magia que traerán justicia a la tierra por un simple decreto, olvidando la importancia de del vínculo real que esta debe establecer con la vida de los ciudadanos para que, una vez que estos la sientan como reflejo de ellos mismos, logren arraigarla en sus costumbres para que así también logren tomar existencia real en la vida política de la comunidad.

Los ciudadanos argentinos debemos comprender que el verdadero progreso político se encuentra en la concordia verdadera del pueblo y sus gobernantes en un espíritu común que delibere simplemente sobre los medios bajo los cuales se alcanzarán los fines acordados y mantenidos en él tiempo. Sin agotar las plataformas políticas en proyectos novedosos, pero sin punto de encuentro con lo hecho anteriormente, como si todo pasado fuera irrelevante o simplemente no hubiese sucedido jamás.

La libertad de los modernos frente al control digital

Internet se ha convertido en un pilar fundamental de nuestra sociedad contemporánea. El fácil y rápido acceso a la información sin intermediarios y la capacidad de conectarse con otras personas de manera remota e intercambiar ideas libremente es una de sus potencialidades más impresionantes por su impacto en el enriquecimiento del debate público.

Sin embargo, esta herramienta está siendo atacada. Numerosos gobiernos a lo largo y ancho del mundo, en Oriente y Occidente, idean siniestros planes para controlar su flujo de información y acceder a nuestros datos para su uso personal. Esto no solo atenta contra nuestra privacidad sino también contra nuestra libertad de expresión. La posibilidad que los funcionarios posean nuestra información afecta de hecho aquello que el pensador Benjamin Constant definió como libertad de los modernos. Esta libertad limita el poder del Estado a los asuntos públicos, dejando la esfera privada en manos de los individuos para que persigan el bien que mejor les parezca.

La intromisión del Estado por cuestiones de «seguridad nacional» le brinda un inusitado poder sobre la sociedad civil, limitando nuestras acciones y opiniones, silenciando fuentes alternativas y controlando nuestro pensamiento y vulnerando la capacidad de ejercer el derecho innato a la libre expresión. Como expresó en su tiempo Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de EE.UU: «aquellos que renunciarian a la libertad esencial para adquirir un poco de seguridad temporal no merecen ni libertad ni seguridad».

Sebreli y la desobediencia civil

El pensador vernáculo Juan José Sebreli ha manifestado recientemente que el actual gobierno “oculta el paulatino combate a todas las libertades republicanas” y que él, en consecuencia, promueve “algo perfectamente democrático: la desobediencia civil”. Sebreli está en lo correcto, primero, porque efectivamente en ocasiones la desobediencia civil constituye un acto a todas luces democrático; segundo, porque sus dichos se encuentran amparados no solo por la normativa nacional sino por la historia de la teoría política.

La idea de que resistir a la opresión del poder político es algo legítimo no es nueva.  Durante la Modernidad, encontramos sus tempranas manifestaciones en el pensamiento de la Segunda escolástica en general, y en la teoría política de Juan de Mariana en particular. El jesuita español sostuvo que a los tiranos “es lícito quitarles la vida y despojarles del trono, pues que siendo enemigos públicos y oprimiendo al país con todos los males, se revisten de todo el carácter e índole de tiranos, a quienes de cualquier modo es necesario que se quiten y despojen de la potestad que violentamente se atribuyeron”.

Más tarde, en el período de la Ilustración encontramos manifestaciones similares en documentos tales como la Declaración de independencia (1776) durante la Revolución americana, y también en la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano (1789) durante la Revolución francesa. Mientras que la primera establece que “siempre que una forma de gobierno se haga destructora” de los derechos naturales “el pueblo tiene derecho a reformarla o abolirla”, la segunda asegura que “la resistencia a la opresión” constituye un “derecho natural e imprescriptible”.

Semejantes manifestaciones han influido decisivamente sobre nuestra Carta Magna: la Constitución Nacional, en su artículo 36, contempla que “todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de fuerza enunciados en este artículo” (refiere en él a actos de fuerza “contra el orden institucional y el sistema democrático”, actos que serán considerados “insanablemente nulos”).

En fin, a través de las presentes líneas no pretendo en modo alguno convocar a ninguna rebelión, sino solamente recordar nuestros derechos, especialmente en tiempos en los que el poder político parece haber concentrado atribuciones desmedidas. Sebreli está en lo correcto, y sus dichos quedan claramente amparados jurídicamente e históricamente.